El Estado ecuatoriano viola sistemáticamente sus obligaciones internacionales de debida diligencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que los Estados tienen obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. El análisis de los cinco transfemicidios documentados por el Observatorio Runa Sipiy demuestra incumplimiento en todas estas dimensiones. El derecho a la vida de personas LGBT+ —establecido en opinión consultiva OC-24/17— exige protección especial frente a violencia por orientación sexual e identidad de género. Ecuador registra cinco asesinatos de mujeres trans en 55 días sin activación de alertas tempranas, sin protocolos de búsqueda urgentes, sin investigaciones con enfoque de género. El deber de debida diligencia en investigación —estándar González Pérez vs. México— requiere actuación expedita, exhaustiva y con perspectiva de género. Los casos de El Oro, con cuerpos abandonados en zonas remotas que obstaculizan investigaciones, evidencian dilación táctica. El caso de Ibarra, con respuesta institucional tardía a reporte de desaparición, muestra ausencia de protocolos especializados. La obligación de estadísticas diferenciadas —lineamientos CIDH— permite identificar patrones de violencia y diseñar políticas públicas. Ecuador carece de registros oficiales por orientación sexual e identidad de género, delegando esta función al Observatorio Runa Sipiy como única fuente nacional. El Instituto de Derechos Humanos de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ documenta estas violaciones para presentación ante sistemas interamericanos. El incumplimiento de estándares IDH no es inacción: es violación sistemática de derechos internacionales. Informe completo: www.federacionlgbt.org